Los trabajadores judiciales resolvieron “no renunciar a la lucha por lograr que se respete el sistema salarial del Poder Judicial cumpliendo lo que manda la ley” · “Estamos reclamando la equiparación por el porcentaje que no se aplicó durante la emergencia”, explicó el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mario Brnusak
La ley provincial 10.068, denominada ley de enganche, ata los salarios del Poder Judicial entrerriano a las subas dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ley fue suspendida durante un año por la ley de emergencia provincial. Luego, vencida la emergencia, el enganche volvió a estar vigente a partir del 1° de julio. “Con los haberes de agosto lo liquidaron correctamente”, afirmó Brnusak.
Pero señaló que resta aplicar las subas que fueron fijadas por la Corte durante el tiempo en que estuvo vigente la ley de emergencia. “Lo que estamos reclamando es la equiparación por el porcentaje que no se aplicó durante la emergencia. Reclamamos que se cumpla con la ley de enganche, porque no fue derogada sino suspendida”, remarcó al respecto.
“Por eso decidimos no continuar con un plan de lucha de acción directa, sino hacerlo en el terreno legal con una o más demandas, estamos evaluando cuál será la acción más apta”, adelantó en diálogo con esta Agencia.
Esa decisión se tomó el jueves por la noche durante un Plenario provincial del gremio, que contó con la presencia de los integrantes de la comisión directiva central y los secretarios generales de las filiales.
“El Plenario manifestó su determinación de no renunciar a la lucha por lograr que se respete el sistema salarial del poder judicial cumpliendo lo que manda la ley. La emergencia no derogó, sino que suspendió por el plazo de un año nuestro sistema salarial”, se lee en el documento surgido del Plenario. Además se indica que vencida la emergencia “debe cumplirse con lo que manda la ley y pagar los aumentos dispuestos”.
“La emergencia aplicó un ajuste sobre el sueldo de los trabajadores judiciales que impuso que no cobráramos los aumentos en el momento que correspondía, pero de ninguna manera puede significar que una vez vencida la emergencia el gobierno no deba liquidarlos”, remarca el texto.
Tras señalar que “existen antecedentes en nuestra misma provincia que dan razón al reclamo que ahora llevaremos adelante a través de la vía legal”, el Plenario de AJER cuestionó que “el gobierno, en un acto de irresponsabilidad, desconoce su obligación de cumplir con la ley de enganche, lo que en los hechos significa trasladarle a las próximas gestiones un problema que provocó y que debiera resolver el mismo”.
“AJER reafirma su compromiso de defender la ley de enganche, no vamos a renunciar a nuestros derechos!!”, finaliza el documento.
