Doralio Guillermo González, concordiense, entonces desempleado, viajó el 29 de noviembre de 2018 desde su ciudad hasta Oro Verde para que su pequeña hija, F, de 7 años, fuera sometida a un estudio de rutina en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener): una resonancia magnética.
A pesar de ser un estudio rutinario, el cuadro de la niña tuvo una complicación, que derivó en una descompensación de la menor, y su posterior muerte, que ocurrió el 4 de diciembre, en el Hospital Materno Infantil San Roque, adonde había sido derivada.
La familia de la menor inició una demanda y reclamó una suma de $2 millones al Estado por considerar que no hubo una correcta atención médica. El planteo fue hecho ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1, de Concordia, a cargo del juez Julio César Marcogiuseppe. Reclamó $ 1.000.000 por el concepto valor vida y daño moral; y $ 1.000.00 por el ítem pérdida de chance.
El caso, sin embargo, no se dirimió en Tribunales sino que se llegó a un acuerdo de partes. El Estado aceptó pagar una indemnización de $1 millón, y $1 millón quedó a cargo de la empresa aseguradora del Cemener.
A través del decreto N° 2.358, del 27 de agosto último, el Poder Ejecutivo provincial autorizó a la Fiscalía de Estado a firmar con la familia González un acuerdo de pago de parte de la suma reclamada, $1 millón. El planteo judicial de la familia González en sede judicial consistió en “atribuir responsabilidad al Cemener por daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su hija, endilgándole al personal de dicha entidad una serie de omisiones, falta de diligencia y descuido en la atención de la menor, antes y durante la realización” de la resonancia magnética.
Pero además, reprocharon al Estado provincial por cuanto “el personal sanitario dependiente del Hospital San Roque prestó una atención deficiente y omitió la realización de estudios de mayor complejidad”, según señala el texto del decreto. Luego, describe que “en la instancia judicial aludida aún no se produjo prueba pericial médica, y se cuenta solo con la historia clínica enviada por el Hospital San Roque de Paraná. La misma es técnicamente ilustrativa y enseña como discutible la existencia de nexo causal entre el servicio prestado, el actuar médico y el resultado del fallecimiento de la menor, el que podría estar en más o en menos relacionado con la atención brindada en ambos lugares”.
Pero aún así, en el marco del trámite judicial de la causa se iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo “que permita finiquitar la cuestión, flexibilizando los intereses y las satisfacciones de las partes”. Así, no sólo el Estado asumió el compromiso de pagar el 50% de la suma reclamada; el otro millón de pesos fue aportado por la empresa TPC SA, aseguradora del Centro de Medicina Nuclear. Así, “en función de dicho ofrecimiento, el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos debería asumir el pago de idéntica suma de $ 1.000.000), a efectuarse en un solo pago y en un plazo de 60 días hábiles de haberse tomado razón del acuerdo homologado”.
De ese modo, se pagó el monto reclamado a valor histórico, sin actualización ni intereses, por lo cual, entendió el Gobierno, “el importe comprometido por la Provincia es significativamente menor de aquel pretendido judicialmente, el que además se impetró en forma indistinta, es decir, solidariamente contra cualquiera de los codemandados (por $ 2.000.000). En la misma línea, la erogación estatal no conllevaría ninguna clase de interés, a pesar del tiempo transcurrido desde el acaecimiento de los hechos que motivaron el reclamo”.
Así pues, el decreto subraya que “así las cosas, sin indagar en la razón o sin razón del reclamo y sin que esto implique un juicio de valor sobre la existencia o inexistencia de mala praxis médica ocurrida en el Cemener y/o en el Hospital San Roque, indudablemente el importe a desembolsar a raíz del acuerdo transaccional será significativamente menor a aquel consignado en la demanda judicial; y ello arroja una pauta aritmética y objetiva de oportunidad y conveniencia fácilmente constatable”.
El acuerdo entre la familia González, la aseguradora y el Estado provincial para el pago de la indemnización fue homologado por el juez Marcogiuseppe
